El pecado social de la mala praxis
Si observamos atentamente, en la mayoría de las descripciones y diagnósticos acerca de la realidad social, aparece un lugar común al que todos le atribuyen el mágico poder de revertir las disfunciones, injusticias y ausencia de calidad que afecta los procesos y la dinámica de una sociedad que reclama que las cosas se lleven a cabo con mayor responsabilidad y eficacia. Ese lugar común es la educación. Se apela a ella cuando las soluciones de fondo no aparecen o no se vislumbran los mecanismos idóneos en el área respectiva.
Sin embargo, cuando hablamos de educación todos parecen comprender de qué se trata, aunque no logren sobrepasar un ambiguo sentido restrictivo y parcializado. Pues para unos la educación consiste en ir a la escuela, para otros llegar a dominar la lecto-escritura, adquirir una cultura general o alguna habilidad no especificada. A pesar de esa visión confusa, todos advierten que la educación es el camino idóneo y más indicado para mejorar una sociedad injusta. Y es en este contexto de valores implícitos que la mayoría deposita en la educación la esperanza de las soluciones que todavía no llegan. Por tal razón, la formación y el desarrollo humano aparecen en la percepción unánime como una suerte de condición remota para acceder a un nivel razonable de justicia, equidad y sana convivencia.
Así, aparece la deuda social de la educación, como un débito que no proviene del sistema educativo en sí, sino de planos decisorios y estratégicos más elevados. Se trata de una deuda especial, que debe ser cancelada no sólo mediante la asignación inteligente de los recursos específicos del área, sino también mediante el enaltecimiento de la función docente. Cuando los docentes del sistema hayan obtenido un rango de profesionalidad de alto nivel para hacer frente a las variaciones de un entorno que exige nuevas habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas para un desempeño ético, laboral, profesional y social aceptable, recién allí el reclamo de una educación eficiente podrá ser satisfecho con holgura. Esto sustenta nuestra hipótesis de que la deuda social de la educación sólo podrá pagarse con docentes creativos, innovadores y capaces de ejercer con solvencia el arte de educar.
Cuando el sistema socio-político abandona y no jerarquiza a sus educadores, se prepara el camino de la mala praxis pedagógica, cuyo emblema es el docente que no sabe gestionar el conocimiento, que no hace pensar a sus alumnos, que les enseña siempre lo mismo y los aburre con contenidos estáticos, creándoles la inseguridad para aprender por sí mismos. Esta mala praxis, que surge de no comprender el arte mayéutico, olvida que la calidad no está en los contenidos que deben saber los alumnos sino en los alumnos que deben saber los contenidos.
Es la inteligencia del alumno el motor de la calidad del aprendizaje y ello exige docentes con gran fineza de percepción de los movimientos mentales de quien aprende. Pues la gestión del conocimiento exige una propedéutica cognitiva que garantice la organización y el uso debido de la inteligencia como condición insoslayable para promover un aprendizaje creativo.
Por otra parte, dado que la mala praxis pedagógica surge del desfasaje entre las exigencias inherentes a la tarea de hacer pensar y las condiciones y habilidades requeridas para ejercer dicha tarea con precisión y calidad, en el caso de la educación adquiere una relevancia e impacto de relieves insospechados y de consecuencias irreversibles, al punto de convertirla en una suerte de “pecado social” al que no se le debería conferir tolerancia alguna.
Fuera de toda connotación religiosa o normativa, y retomando el concepto griego, el término “pecado” alude a una distorsión que desvía de la meta y a una suerte de olvido o descuido que impide al sujeto lograr el acierto para “dar en el blanco”. Ello implica y connota la pérdida de la meta a lograr debido a la presencia de una ruptura que provoca daño, sea por incapacidad, sea por falta de acierto o por ausencia de precisión. Cuando esa ruptura, o mala praxis, se lleva a cabo en el ámbito privado de la persona, el daño queda circunscripto a una esfera relativamente limitada, pero cuando el alcance de la distorsión supera lo individual y afecta el modo de pensar, sentir y decidir de los individuos, adquiere un contorno de desvío que afecta gravemente la salud de los vínculos del tejido social.
La educación que una sociedad espera consiste en la presencia de docentes que sepan “dar en el blanco”, despertando el talento dormido de cada alumno a fin de extraer de su potencial interno nuevas capacidades y habilidades. Esto explicaría por qué la mala praxis educativa adquiere una relevancia social de naturaleza diferente a las prácticas circunscriptas a un plano de afectación individual. Y si a ello se agrega la función de retardo que afecta a los sistemas sociales, no se podrán observar en lo inmediato los efectos de la mala praxis pedagógica sino después de un prolongado proceso de tiempo. Por eso, se advierte claramente que la deuda social de la educación sólo podrá pagarse con docentes creativos dispuestos a una tarea cotidiana cuya regulación y proceso provengan de parámetros decididos por las condiciones y reclamos objetivos de quien se educa y busca su propio perfeccionamiento e inserción en la comunidad. De más está decir, por su obviedad, que de proseguir la mala praxis pedagógica, los costos de dicha deuda se perpetuarían hasta en progresión geométrica para terminar en un lamentable e injustificado empobrecimiento social.
Dr. Augusto Barcaglioni
