Los dioses y semidioses tienen un atributo envidiable: pueden estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Los semidioses pedagógicos están representados por aquellos directivos y docentes cuya superposición horaria en el cumplimiento de sus funciones les permite hacer dos cosas al mismo tiempo y en lugares diferentes. En beneficio de estos semidioses, la retribución resulta bastante holgada, al punto de cobrar dos sueldos y hacer una sola tarea. Esta es la gran capacidad que ostentan los semidioses pedagógicos.
Pero como los dioses y semidioses no existen, solamente nos queda pensar en la existencia de seres de carne y hueso, concretos, con nombre y apellido, con posibilidades reales de ubicación. Lejos de ser semidioses o algo parecido, en realidad son estafadores de guardapolvo blanco que, abusando y/o burlando una burocracia que da por válidas las declaraciones juradas escritas con prolijidad, cometen un delito que pasa desapercibido o relativizado.
Tal delito conspira contra la esencia de una función que se sostiene con valores reales y que reclama un docente presente frente a un grupo que espera superarse un poco más cada día a través del conocimiento.
Pero como este gran propósito se ve impedido por un cumplimiento parcial y sesgado de las obligaciones docentes, el daño social no deja de ser relevante y de constituir una verdadera estafa al fisco, a los alumnos, a las familias y a la sociedad.
Si se realizara una auditoría pedagógico-administrativa en cada institución, y exceptuando aquellas instituciones cuya conducción está regida por principios éticos y por un compromiso para ofrecer un servicio pedagógico sin mengua de la calidad, surgiría que el impacto social y las consecuencias altamente dañinas de una superposición horaria crónica por parte de docentes y directivos, tendría una estimación de un 30% del promedio global del presupuesto.
Visto desde una ecuación financiera, tal anomalía afecta al erario público e impide asignar partidas para cubrir falencias en el servicio educativo, tales como becas, cooperadora, reposición didáctica y bienestar estudiantil. Tales mermas terminan en la práctica por afectar la calidad del servicio educativo, privando y afectando el derecho de la comunidad a una educación de calidad mediante la prestación de un servicio sin señales de corrupción.
